Mecanismos jurídicos de protección penal frente a la violencia económica y patrimonial contra las mujeres desde un enfoque de género y derechos humanos

Declaración de originalidad y derechos de autor I Contenido II Lista de tablas V Lista de figuras VI Lista de abreviaturas y símbolos VII Resumen VIII 1. Introducción 1 1.1. Antecedentes 2 1.1.1. Relevancia social 2 1.1.2. Novedad científica de la investigación 3 1.2. Problema de investigación 4 1.3. Objeto de estudio 5 1.4. Campo de acción 5 1.5. Justificación 5 1.6. Pregunta de investigación 6 1.7. Objetivos 6 1.7.1. Objetivo general 6 1.7.2. Objetivos específicos 7 1.8. Idea a defender 7 2. Marco teórico y contextual 8 2.1. Teorías que sustentan la investigación 8 2.1.1. Fundamentos teóricos del daño patrimonial y la reparación integral 8 2.1.1.1. Clasificación del daño 9 2.1.1.2. Principio de reparación integral en el derecho penal y constitucional 11 2.1.2. Teoría de la tutela judicial efectiva 13 2.1.3. Perspectiva de género y el sistema de status patriarcal 15 2.2. Principales conceptos 16 2.2.1. Concepto de violencia económica 16 2.2.2. Concepto de violencia patrimonial 17 2.2.3. Concepto de autonomía económica 18 2.2.4. Concepto de reparación integral 19 2.2.5. Concepto de medidas de protección patrimonial 20 2.3. Marco contextual 22 2.3.1. Normativa internacional 22 2.3.1.1. Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) 22 2.3.1.2. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará) 23 2.3.1.3. Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 24 2.3.2. Normativa nacional 25 2.3.2.1. Constitución Política del Estado 25 2.3.2.2. Ley Integral N.º 348 para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia 27 2.3.2.3. Código Penal Boliviano 29 2.3.2.4. Código de las Familias y del Proceso Familiar (Ley N.º 603) 29 3. Marco metodológico y análisis de resultados 31 3.1. Marco metodológico 31 3.1.1. Tipo y enfoque de investigación 31 3.1.2. Métodos de investigación 32 3.1.3. Técnicas de investigación 33 3.1.4. Instrumentos de investigación 34 3.1.5. Procedimiento de validación de los instrumentos 34 3.1.6. Población y muestra 35 3.2. Análisis de resultados 36 3.2.1. Resultados de la guía de entrevista 36 3.2.2. Resultados del cuestionario de la Encuesta a Abogados Penalistas 38 3.2.3. Resultados de la guía de revisión documental 43 3.2.4. Conclusiones del diagnóstico 45 4. Propuesta 50 4.1. Fundamentación de la propuesta 50 4.2. Mecanismos jurídicos propuestos 51 4.2.1. Protocolo Judicial de Protección y Restitución Patrimonial 51 4.2.2. Fondo Nacional de Reparación Económica para Víctimas de Violencia Patrimonial 52 4.2.3. Unidades Especializadas en Violencia Económica y Patrimonial (UEVEP) 52 4.2.4. Incorporación de la Reparación Patrimonial Obligatoria en las Sentencias Penales 53 4.3. Enfoque transversal de género y derechos humanos 53 4.4. Alcance e impacto esperado de la propuesta 54 Conclusiones y recomendaciones 55 Conclusiones 55 Recomendaciones 56 Referencias bibliográficas 58 ANEXOS 61 Anexo 1. Matriz de análisis documental 61 Anexo 2. Encuesta dirigida a abogados penalistas 67 Anexo 3. Guía de entrevista semiestructurada 69 Anexo 4. Transcripción de las entrevistas 70 Anexo 5. Ficha de validación por juicio de expertos 79 Anexo 6. Protocolo y registro de prueba piloto 85   Lista de tablas Tabla 1. Análisis documental 48 Tabla 2. Matriz de análisis documental 61 Tabla 3. Validación de la encuesta a abogados penalistas 68 Tabla 4. Validación de la guía de entrevista 70 Tabla 5. Dictamen general 71 Tabla 6. Protocolo de aplicación 74 Tabla 7. Criterios de aceptación 75 Lista de figuras Figura 1. Frecuencia de tramitación de casos de violencia económica o patrimonial 39 Figura 2. Reconocimiento y protección de la violencia económica y patrimonial en la Ley N.º 348 40 Figura 3. Identificación o reclasificación de los hechos por jueces y fiscales 41 Figura 4. Efectividad de las medidas de protección patrimonial 42 Figura 5. Adecuación de los mecanismos de restitución patrimonial 43 Figura 6. Medida prioritaria para fortalecer la protección patrimonial 44   Lista de abreviaturas y símbolos CEDAW: Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. CIDH: Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Corte IDH: Corte Interamericana de Derechos Humanos. CPE: Constitución Política del Estado. CPP: Código de Procedimiento Penal. Ley N.º 348: Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia. MESECVI: Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará. SLIM: Servicios Legales Integrales Municipales. TCP: Tribunal Constitucional Plurinacional. UEVEP: Unidades Especializadas en Violencia Económica y Patrimonial.

La presente investigación examina la violencia económica y patrimonial contra las mujeres en Bolivia como una manifestación de violencia de género que afecta la autonomía, la propiedad, el acceso a recursos y la posibilidad real de reconstruir el proyecto de vida de las víctimas. El estudio se desarrolla bajo un enfoque cualitativo de tipo descriptivo-propositivo, con apoyo en análisis documental jurídico, revisión bibliográfica, encuestas y entrevistas semiestructuradas. El trabajo aplicó métodos analítico, histórico-jurídico, hermenéutico y comparado. Los instrumentos utilizados fueron un cuestionario dirigido a veinte abogados penalistas y una guía de entrevista aplicada a dos jueces y un fiscal con experiencia en materia de violencia contra la mujer. Los resultados muestran una brecha entre el reconocimiento normativo de la Ley N.º 348 y su aplicación judicial efectiva, especialmente en la identificación del daño patrimonial, la ejecución de medidas de protección y la reparación económica. La propuesta plantea mecanismos jurídicos orientados a fortalecer la protección penal mediante un protocolo judicial de restitución patrimonial, lineamientos de coordinación interinstitucional, capacitación especializada y ajustes normativos. La investigación concluye que la respuesta penal no debe agotarse en la sanción del agresor, porque la protección efectiva de las víctimas exige restitución patrimonial, reparación integral y control judicial de la ejecución de las medidas adoptadas.